Consumidores y cadenas esperan al Gobierno, que va con retraso, porque en marzo de 2020 se debe haber liberado el segundo dividendo digital
La cuenta atrás ya ha comenzado para que las emisiones de las cadenas de televisión asciendan a un nivel tecnológico más elevado -el sistema DVB-T2, que permitirá llegar a la televisión digital terrestre (TDT) de segunda generación, y la ultradefinición (UHD), incluso en estándar ‘premium’-, ya factible para una parte del parque de televisores en España. Pero antes habrán de mudar de las frecuencias que ocupan en la actualidad y alguna podría quedarse en el camino, pues su espacio disponible se reducirá un 30%.
A su vez, los consumidores se enfrentan a otro proceso de transformación forzoso, menos severo que el apagón analógico de 2010 que alumbró la TDT pero igualmente preocupante. Y es que buena parte pueden verse obligados, no ya a readaptar su antena, sino incluso a comprar un decodificador para ver las emisiones como pasó entonces. Todo tendría que estar listo en año y medio, cuando vence el plazo para que las teles abandonen la banda de los 700 MHz y se la cedan a los servicios de internet móvil, desplazándose a una inferior (470- 694 MHz).
Pero el Gobierno decidió acortar tres meses el plazo en España para ese nuevo apagón digital (marzo de 2020, y junio en toda la UE), que hará hueco al despliegue de las redes de telefonía móvil de quinta generación (5G). Sin embargo, ya han comenzado los retrasos. En diciembre se debían haber publicado varios decretos ministeriales, tanto para la compensación de costes a consumidores y cadenas como para la aprobación del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, esto es, el desarrollo para completar el segundo dividendo digital que permitirá dar servicios más avanzados de comunicaciones electrónicas a nivel paneuropeo. Del primero no se sabe nada y el segundo estará en audiencia hasta el día 18.
El primer dividendo se completó a finales de marzo de 2015 y duró más de un año. Supuso que las televisiones abandonaran la banda de los 800 MHz y costó al Estado 280 millones de euros en subvenciones. Esas ayudas fueron solo a los consumidores y estaban dirigidas a la reantenización de sus hogares para poder seguir viendo las emisiones de TDT. Pero organizaciones como OCU y Facua las criticaron por insuficientes ante los elevados costes.
Un empleado del centro de emisiones de Collserola (Barcelona) comprueba las emisiones de TDT. / EFE
Por eso ahora pretenden que se aumente la cantidad, al menos, hasta los 300 millones. Y es que la cifra de hogares afectados superará los ocho millones de entonces, y también los 1,2 millones de edificios. La Federación de Instaladores de Telecomunicaciones (Fenitel) estimó en 2014 que la adaptación costaría entre 400 y 600 euros por antena, con una media de 20 a 25 euros por vivienda. El problema es que cada hogar afectado terminó recibiendo entre cuatro y cinco veces menos.
Asimismo, a esa factura global habría que sumar -si el Ejecutivo termina cediendo a las pretensiones de Uteca, la patronal de las televisiones comerciales- otras subvenciones a las propias cadenas por los costes que asumirán con la mudanza. Dado que durante 2019 se irán encendiendo emisiones simultáneas en dos frecuencias (la de 700 MHz y la nueva de un espectro inferior) hasta el traslado definitivo, habrán de pagar 40 millones extra a Cellnex, el operador de las infraestructuras.
Mirando a los Presupuestos
Eso solo las 21 cadenas privadas, pues a RTVE podría costarle hasta 10 millones más. A su vez, los fabricantes de televisores quieren que el Estado implemente un ‘plan Renove’ con cargo al proyecto de Presupuestos para 2019 -aún en tramitación en el Congreso- a imagen de lo que hizo con la automoción, pues buena parte de los aparatos actuales pueden no estar preparados para las nuevas señales y precisarían, en su caso, de un decodificador.
Para financiar tanta ayuda pública el Ejecutivo podría aprovechar los casi 438 millones de euros que logró a finales de julio por las primeras subastas de ancho de frecuencias (200 MHz en total) para el despliegue inicial del 5G, sin contar los intereses por aplazar ese pago a 20 años ni las tasas correspondientes. Pero en los Presupuestos solo se prevén 50 millones para «compensaciones a las comunidades de propietarios», y otros 45 para proyectos pilotos de 5G.
Madrid, Domingo, 3 febrero 2019, 01:39
Fuente: www.laverdad.es JOSÉ ANTONIO BRAVO